Por: Miguel Silerio
Al comienzo de este año,
la asociación
ecologista Center for Biological Diversity, dedicada a la protección
de especies en peligro de extinción
y reservas naturales, presentó
una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la
escasez de información
sobre el procedimiento de fracking que actualmente se lleva a cabo en el
Golfo de México,
de acuerdo con el portal norteamericano Hydrogen Fuel News.
La abogada de la asociación,
Kristen Monsell, ha dicho que la información
relacionada con la práctica
del fracking debe ser de carácter
publico y que el gobierno está
obligado a decir cuándo,
donde y cuánto
se está
permitiendo. Además,
hizo hincapié
en los riesgos ecológicos
en torno a la extracción
hidráulica
que, señaló,
afectan directamente a los mantos acuíferos
y a la fauna marina.
La facturación
hidráulica,
comúnmente
llamada fracking, consiste en la perforación
de un pozo vertical que, a determinada profundidad del subsuelo, cambia su
trayectoria de manera horizontal, seguida por la inyección
de agua, arena y químicos
que fracturan el subsuelo y facilitan la extracción
de gas y petróleo.
Dicha práctica
ha causado controversia por los riesgos que puede representar para el medio
ambiente y la salud, ya que ha sido relacionada con la contaminación
del agua, la polución
del aire, los movimiento telúricos
y la introducción
de sustancias químicas
nocivas en el subsuelo.
Actualmente su práctica
es motivo de discusión
en algunos estados norteamericanos y en varios países
Europeos, que aún
están
analizando su aprobación.
De acuerdo con documentos exclusivos
obtenidos por los investigadores de “Fault
Lines”,
de Al Jazeera, grandes empresas de energéticos
como BP, ConocoPhillips y Shell, además
de cerca de dos docenas más,
han obtenido, desde 2013, permiso del gobierno estadounidense para realizar
extracciones hidráulicas
en aguas profundas del Golfo de México.
Esto al margen del derrame de petróleo
que en 2010 provoco una tubería
de la BP.
En México
el fracking también
ha provocado discrepancias. Mientras que en estados como Veracruz, Chiapas y
Chihuahua los gobiernos estatales han apoyado la introducción
del modelo, diversos grupos y organizaciones no gubernamentales, algunas de
ellas con apoyo de partidos políticos,
han manifestado su desacuerdo con el argumento de los riesgos ambientales.
Particularmente en Chihuahua, donde se
han presentado conflictos por el agua en varios municipios, el fracking ha sido condenado por
organizaciones como ChihuahuaVSfracking, la Alizana Ciudadana Chihuahua Contra el Fracking y El Barzón,
quienes han alertado sobre los riesgos ambientales que dicha práctica
podría
tener especialmente en las regiones de Coyame, Valle de Juárez,
Manuel Benavídez
y Ojinaga.
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