Por: Diego Villa
El antecedente histórico de México como dependiente capitalista permite el uso de la Constitución y de las leyes específicas como armas políticas, tanto como presión hacia quien no esté permitiendo el desarrollo y el “movimiento” de México, y como concesión hacia empresas instrumentalistas y explotadoras.
Según Aristegui Noticias y SinEmbargo.mx, por mencionar algunos, la práctica del fracking está atentando directamente contra los dueños de las tierras, todo para cederlas a empresas privadas que deseen empezar la explotación de las tierras para la extracción de gas shale. “‘Letras chiquitas’ de la Reforma Energética dan paso al fracking”, anuncia Sin Embargo.
La modificación estructural de las Ley de Hidrocarburos (LH) y del artículo 27° constitucional cede paso a las empresas en las tierras, ofreciendo tal vez a los dueños de las mismas empleo (como “servidumbre legal”, según el art. 99 de la LH) en caso de que ellos estén de acuerdo con la explotación de su terreno. Y si no, la expropiación y contraprestación “proporcional a las necesidades del asignatario o contratista”. Más sencillo sería “me das tu tierra y te vuelves mi trabajador”, “me das tu tierra y te pago poco porque debo ganar”, o “me das tu tierra o te la quito”, todo legislado.
SinEmbargo.mx: “Con la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto se propiciarían el despojo de territorios, se violarían los derechos a la salud y al medio ambiente ya que se abriría el paso a una tecnología de explotación de recursos energéticos que es altamente contaminante y dañina para la naturaleza”.
Según Greenpeace, para las actividades de un solo pozo se requieren entre 9 mil y 29 mil metros cúbicos de agua, de la cual es posible que sólo regrese del 15 al 80% luego de la inyección a presión. El resto se queda bajo tierra mezclado con metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radiactivos.
La contaminación de acuíferos es inminente, innegable, algo documentado. El agua que ahí permanece se filtra a los acuíferos que dan abasto a ciudades completas. El riesgo no es ningún mito.
Existen tres tipos de riesgo por contaminación de un acuífero: riesgo de explosión, ecológico, y a la salud humana. La fractura hidráulica se sostiene bajo el riesgo a la salud humana, principalmente. Y específicamente, ingestión de hidrocarburos contenidos en este tipo de gas.
Hay legislaciones respecto a la contaminación de acuíferos, en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Sin embargo, ninguna de ellas explícitamente habla sobre hidrocarburos. Sin embargo, la interpretación de “alteración de la calidad del agua” da cabida al entendimiento de los hidrocarburos como contaminantes.
Ahora bien, si las empresas explotadoras de gas shale deciden apelar a la estricción de la ley, y el apegado purismo de las cortes a las leyes se presenta, se aceptaría y legitimaría el fracking.
Son innegables, una vez más, la contaminación de acuíferos, los efectos devastadores en la tierra, los riesgos a la salud humana, los peligros que correría la población en áreas circundantes a pozos de fractura hidráulica. Todos los efectos negativos que trae consigo el fracking, y a pesar de este se abrió un espacio para estas empresas gracias a esta Reforma Energética que demuestra debilidad, necesidad y dependencia, pero sobretodo poca preocupación por las poblaciones, por el medio ambiente, por los campesinos que tendrían que ceder. Concesiones “privilegiadas” sería un atrevimiento decir, pero no una locura. La fracturación hidráulica da indicios de la desesperación por el crecimiento económico y por el peligro del sector energético nacional.
Los fondos para las Bellas Artes y la cultura este año serán menos. La apertura a las empresas extranjeras no demuestra ningún cambio, y con las reformas del sexenio menos. Pero, ¿por qué no invertir más en tecnología e investigación (0.46% del PIB en 2014; 0.02% menos que en 2008) para redefinir las formas de generar energía en el país? México es un país con una infinidad de recursos naturales renovables y seguros para la generación de energía, pero el sesgo presupuestario en innovación tecnológica e investigación científica merma la situación de México como potencia en el sector.